El conflicto armado de Colombia también es un problema de género Perspectiva desde el bien jurídico de la vida e integridad personal

El conflicto armado de Colombia también es un problema de género

Perspectiva desde el bien jurídico de la vida e integridad personal

Por: Mariana Turriago Laverde

Desde el inicio del conflicto armado interno del País, las mujeres han jugado un papel relevante, su participación ha sido activa desde el surgimiento de los grupos armados en armas al margen de la ley. Incluso vale la pena resaltar su papel en el nacimiento de las FARC, donde las mujeres campesinas buscaban junto a sus familias defender el territorio. No obstante, en las últimas décadas se permearon pensamientos e ideologías que modificaron el rol de las mujeres en la guerra y su participación activa en los enfrentamientos, sin desfigurar por completo su intervención tanto dentro de los grupos armados como civiles.

Así las cosas, las mujeres son una parte activa del conflicto, sin embargo, el problema de género inicia cuando sus cuerpos son usados como arma de guerra, el Centro Nacional de Memoria Histórica en su investigación La guerra inscrita en el cuerpo recopila la historia de miles de mujeres que sufrieron las terribles consecuencias de ser usadas como arma de guerra y cómo su vida, libertad e integridad sexual se vieron afectadas desde muy temprana edad.

Para comprender mejor el asunto, es necesario reseñar el Código Penal Colombiano, que trae consigo una serie de tipificaciones para los delitos que se enmarcan dentro de la esfera de la violación, actos sexuales abusivos y el proxenetismo, tipos penales que, a pesar de describir una gran serie de actuaciones, en muchas ocasiones no vislumbran la realidad de las víctimas, vejámenes que no sólo se limitan a afectar su libertad e integridad sexual, sino que además, vulneran la vida y las libertades mínimas como mujeres.

Es de aclarar, que estas actuaciones, dentro de las cuales se enmarcan, las violaciones, el proxenetismo, el aborto sin consentimiento e incluso en caso no tipificados por la ley penal, como lo es la decisión misma de planificar o gestar, fueron perpetuadas no sólo por agentes al margen de la ley, sino también por agentes gubernamentales.

“Los paramilitares son responsables del 32,2 % de los casos y las guerrillas del 31,5 %. A los agentes del Estado se les acusa de cometer 206 de estos actos.” (Tomado de: https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/la-guerra-que-se-inscribio-en-el-cuerpo-de-las-mujeres La guerra que se inscribió en el cuerpo de las mujeres. 20 de noviembre de 2017. Pilar Cuartas Rodríguez)

Como se observó con antelación, la situación de las mujeres en la guerra es alarmante, pues se usan sus cuerpos como mecanismo de coacción, hacia grupos específicos, por ejemplo, las violaciones a novias, cónyuges, hermanas o madres de altos mandos, y también para silenciar las acciones de empoderamiento de las mujeres, dirigidos principalmente a las líderes. Estas infracciones deben detenerse en todo sentido, pues, los afectados en la mayoría de los casos resultan ser civiles que no deben verse involucrados en el contexto de la guerra y en otro de las situaciones, a pesar de que las mujeres pertenezcan a los grupos alzados en armas al margen de la ley, e incluso en los mismos entes gubernamentales, su libertad en todos los sentidos, incluyendo la sexual, no debe verse afectada.

Conociendo estos hechos y finiquitada una parte del conflicto armado del País, con la firma del acuerdo de paz con las FARC y la creación de la Justicia Especial para la Paz, es necesario que se analicen los derechos de las víctimas, entre ellos a la verdad, justicia y reparación, desde una perspectiva de género y en este sentido indagar el papel activo y pasivo de las mujeres en el desarrollo del conflicto del País, su vinculación con la guerra y además la forma efectiva de ser reconocidas como víctimas, teniendo en consideración las graves afectaciones que han sufrido y la dificultad de muchas mujeres de denunciar, primero, por ser infracciones que afectan su intimidad y segundo, por la desconfianza hacia las mismas instituciones estatales y el desconocimiento de estas últimas para proteger y evitar revictimizaciones en el tema, todo lo anterior para que se obtenga una justicia rápida, eficiente y adecuada que logren reconocer sus derechos y salvaguardarlos.