Las Marcas del Conflicto Tras el Acuerdo de Paz en Colombia

Por: María Paula Trujillo

Si bien es cierto, durante décadas Colombia ha sido un país fuertemente azotado por el flagelo de la violencia, desde todas sus vertientes, sin embargo, la más sonada o la que más impacto ha traído para los colombianos, es la que se desarrolla alrededor del conflicto armado, teniendo como actores principales, la guerrilla además de otros grupos armados organizados al margen de la ley.

Tanto el gobierno nacional, como los entes departamentales y municipales, desarrollan y promueven políticas públicas y penales encaminadas a la prevención de conductas que afecten los derechos de las personas, también las sanciones que se deben imponer a aquellos que atenten contra estos y, por último, pero no menos importante es el restablecimiento de esos derechos que han sido vulnerados o violentados a los colombianos, en el desarrollo del conflicto armado interno.

El denominado PROCESO DE PAZ es uno de los proyectos de mayor impacto a nivel nacional e internacional, relacionado directamente con la problemática vivida en Colombia, respecto al tema en cuestión; en el gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, se logró firmar el acuerdo en la Habana, el 26 de septiembre de 2016, acuerdo que tiene como objetivo el fin del conflicto armado, Acuerdo que fue un gran logro para el país, teniendo presente que este no fue el primer acercamiento o la primera iniciativa para acabar con la problemática, ya que para el año de 1981 en el gobierno de Julio César Turbay, se creó una comisión para la paz para iniciar conversaciones con la guerrilla, después para 1982 en el gobierno de Belisario Betancourt, se inició una negociación de paz con las FARC y así con los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Pastrana y por último el Ex Presidente Álvaro Uribe.

A pesar de los múltiples esfuerzos generados por el gobierno nacional, desde la firma del acuerdo de Paz se siguen presentando situaciones que afectan de manera directa y grave el vivir de los colombianos y en especial, aquellas zonas que son consideradas “zonas rojas” donde indudablemente no se ha dado el cese de fuego y de actividades ilícitas desarrolladas por los grupos armados organizados al margen de la ley, generando así violaciones a los derechos de los habitantes de esos sectores, de los niños, niñas y adolescentes que viven allí mismo, dejando muertes, obligándolos a salir de sus hogares, arrebatándoles el derecho a una vida digna.

Ejemplo de lo mencionado anteriormente, es la situación que están pasando los habitantes de Córdoba, quienes aseguran que en Puerto Libertador se han venido registrando fuertes combates entre disidencias de las FARC e integrantes del Clan del Golfo, dejando personas muertas, heridas y muchas familias que se han tenido que ir del lugar por miedo a la situación presentada además, “Manifiestan igualmente que los desplazamientos se dan gota a gota hacia las cabeceras urbanas y veredas donde alejadas del lugar de los combates, pese a que los grupos ilegales en disputa amenazan con disparar a quienes se movilicen por las carreteras y caminos de la zona”.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), emitió un comunicado que fue enviado a los medios de comunicación en el que se relata la grave situación que viven los habitantes de la zona y que ya pusieron en conocimiento de las autoridades en la región.

Se puede evidenciar, que sin duda alguna el flagelo del conflicto armado sigue afectando a gran cantidad de la población colombiana, vulnerando derechos fundamentales que deberían ser protegidos y salvaguardados por el Estado y que tienen su fundamento y base tanto en normas internacionales que tienen como fin la protección de los derechos humanos, así como nuestra carta magna que cuenta con un amplio articulado relacionado con los derechos que cada uno de los ciudadanos tiene por el simple hecho de nacer.

Para darle fin a esta problemática se tendría que ampliar el marco normativo, darle mayor importancia al tema y centrarse no en el restablecimiento de los derechos, ya que esta sería la última instancia, se debería tener en cuenta la prevención y cobertura total de las herramientas y medios idóneos para combatir la problemática y desde sus inicios evitar el desarrollo de esta, para que cada uno de los habitantes del país pueda tener la certeza total de que el acuerdo de Paz no es solamente un documento, sino una realidad que todos deben asumir, empezando por sancionar cada una de las conductas delictivas desplegadas por los actores del conflicto armado.

Avendaño G. (22 de octubre de 2018) Denuncian enfrentamientos en Córdoba por enfrentamiento armado. EL TIEMPOrecuperado de: https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/desplazamientos-en-zona-rural-de-cordoba-por-enfrentamientos-entre-clan-del-golfo-y-disidencias-284168