EL CATATATUMBO SIGUE SIENDO VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO.

La región de Catatumbo ha sido históricamente golpeada por el flagelo de la guerra, situación que ha desembocado en infinidad de vulneraciones a los derechos fundamentales de la población civil, a pesar de los arduos esfuerzos del ejército nacional por tener el control de la región, el fenómeno del narcotráfico, contrabando y delincuencia común ha hecho que sea una tarea difícil de cumplir.

Las rutas que atraviesan en el Catatumbo, para los grupos de narcotráfico y de contrabando de combustibles son valiosas para la economía de estas organizaciones, así como son más de 11.527 hectáreas de cultivos ilícitos de coca. Todo este comercio ilegal hace que el sector del Catatumbo sea una zona de constante conflicto entre el ejército y estos grupos, así como también el enfrentamiento con las guerrillas del ELN, EPL, BACRIM y disidencias de las FARC-EP y entre ellas mismas por el dominio de las tierras luego de la desmovilización de las FARC-EP

Según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) desde finales del 2018 cerca de 370 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares por el constante enfrentamiento armado en el sector, para el 10 de enero del presente año la cifra aumento a 400 personas y pueden llegar a ser mas, entre las cuales hay más de 270menores de edad, mujeres gestantes y personas de la tercera edad, y se teme que las cifras aumenten.
Este desolador fenómeno tiene en alerta a las alcaldías municipales que reciben a estas personas desplazadas y manifiestan que dentro del presupuesto no cuentan con los recursos suficientes para abastecer a todas las personas que llegan, poder atenderlas y suplir sus necesidades, como es el caso del municipio de Hacarí en donde gracias a los recaudos hechos por la iglesia católica se ha logrado atender a esta población.

Estos reportes son una clara muestra de que a pesar del logro de la desmovilización del grupo guerrillero FARC-EP, el desplazamiento forzado sigue estando latente en las comunidades más vulnerables del país, afectando gran cantidad de derechos fundamentales entre los cuales, están los de los niños que no han podido volver a sus respectivas escuelas ya que ni siquiera cuentan con un lugar permanente donde dormir, además de las condiciones mínimas de vivienda, salud entre otros.


Definitivamente el estado colombiano tiene una tarea fundamental en todo este conflicto para poder poner orden en todos estos factores que se involucran a diario, sociales, económicos y los que dan origen: delincuenciales, de manera inicial atendiendo la inmediatez de las necesidades con las ayudas humanitarias que se le deben brindar a las víctimas para que puedan de alguna manera lograr sobrellevar el terrible conflicto que las ha situado en medio y les quita la  posibilidad de llevar una vida en paz y sobretodo DIGNA.

DANIELA PELAEZ HERNANDEZ

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