EL CATATATUMBO SIGUE SIENDO VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO.
La
región de Catatumbo ha sido históricamente golpeada por el flagelo de la
guerra, situación que ha desembocado en infinidad de vulneraciones a los
derechos fundamentales de la población civil, a pesar de los arduos esfuerzos
del ejército nacional por tener el control de la región, el fenómeno del
narcotráfico, contrabando y delincuencia común ha hecho que sea una tarea
difícil de cumplir.
Las
rutas que atraviesan en el Catatumbo, para los grupos de narcotráfico y de
contrabando de combustibles son valiosas para la economía de estas
organizaciones, así como son más de 11.527 hectáreas de cultivos ilícitos de
coca. Todo este comercio ilegal hace que el sector del Catatumbo sea una zona
de constante conflicto entre el ejército y estos grupos, así como también el
enfrentamiento con las guerrillas del ELN, EPL, BACRIM y disidencias de las FARC-EP
y entre ellas mismas por el dominio de las tierras luego de la desmovilización de
las FARC-EP
Según
la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) desde finales
del 2018 cerca de 370 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus
hogares por el constante enfrentamiento armado en el sector, para el 10 de
enero del presente año la cifra aumento a 400 personas y pueden llegar a ser
mas, entre las cuales hay más de 270menores de edad, mujeres gestantes y
personas de la tercera edad, y se teme que las cifras aumenten.
Este
desolador fenómeno tiene en alerta a las alcaldías municipales que reciben a
estas personas desplazadas y manifiestan que dentro del presupuesto no cuentan
con los recursos suficientes para abastecer a todas las personas que llegan,
poder atenderlas y suplir sus necesidades, como es el caso del municipio de
Hacarí en donde gracias a los recaudos hechos por la iglesia católica se ha
logrado atender a esta población.
Estos
reportes son una clara muestra de que a pesar del logro de la desmovilización
del grupo guerrillero FARC-EP, el desplazamiento forzado sigue estando latente
en las comunidades más vulnerables del país, afectando gran cantidad de
derechos fundamentales entre los cuales, están los de los niños que no han podido
volver a sus respectivas escuelas ya que ni siquiera cuentan con un lugar
permanente donde dormir, además de las condiciones mínimas de vivienda, salud
entre otros.
Definitivamente
el estado colombiano tiene una tarea fundamental en todo este conflicto para
poder poner orden en todos estos factores que se involucran a diario, sociales,
económicos y los que dan origen: delincuenciales, de manera inicial atendiendo
la inmediatez de las necesidades con las ayudas humanitarias que se le deben
brindar a las víctimas para que puedan de alguna manera lograr sobrellevar el
terrible conflicto que las ha situado en medio y les quita la posibilidad de llevar una vida en paz y
sobretodo DIGNA.
DANIELA PELAEZ HERNANDEZ
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