ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA AL INTERIOR DE LA UARIV

El gobierno nacional, los entes Departamentales y Municipales, desarrollan y promueven políticas públicas encaminadas a la prevención de conductas que afecten los derechos de las personas y el restablecimiento de los mismos los cuales han sido vulnerados o violentados a los colombianos en el marco del conflicto armado interno del país.

Ahora bien, cuando hablamos de restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados, la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas (UARIV), es aquella que maneja los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de todas las personas que sufrieron un menoscabo en su calidad de vida y que producto de un acto violento, está en condiciones de indefensión, siendo esta unidad la única alternativa mediante la cual todos los colombianos víctimas del conflicto armado pueden recibir una reparación proporcional al daño causado en las condiciones que la Ley determina.

En auditoría realizada en el mes de julio del año 2018, la Contraloría General encontró irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, dinero que se encuentra en cabeza de la UARIV y que según hallazgos realizados se encontró que se pagaron ayudas humanitarias e indemnizaciones de manera indebida en el entendido de que fueron dadas a terceras personas que de mala fe falsificaron documentos para figurar como víctimas del conflicto armado.

Además de lo anteriormente mencionado, no solo se encontraron fallas y debilidades en cuanto al pago de las ayudas e indemnizaciones, también la Contraloría pudo evidenciar que un cierto número de inmuebles destinados a la reparación, no pertenecían a los victimarios por lo que claramente no debían ser objeto de restitución alguna. El órgano de control en la misma auditoria encontró un manejo deficiente en los estados financieros internos de dicha Unidad, encontrando un pasivo de 1.5 billones de pesos, cuando no tendría por qué existir justificación alguna en el entendido de que “según las sentencias de Justicia y Paz, debía ser pagado por los victimarios y no por el Estado de manera directa".

De lo anterior se puede concluir que lastimosamente no se está garantizando de manera íntegra la reparación a las víctimas del conflicto armado, generando gran desconfianza y decepción por parte de la comunidad al ver que están siendo mal administrados los dineros con los que cuenta la Unidad, dejando a muchas víctimas desamparadas, siguiendo en estado de indefensión y siendo totalmente susceptibles a una re victimización, que estudiada desde los fines esenciales del Estado, constituye un atropello a los derechos fundamentales de cada una de las personas que por Ley fueron debidamente reconocidas como víctimas del conflicto armado colombiano.

Escrito por Maria Paula Trujillo