EL RASTRO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Empezar siempre es la parte mas difícil de cualquier situación en la vida de las personas, puntualmente en el caso de la población desplazada, es un nuevo comienzo provisto de incertidumbre, es la otra cara de la moneda que la mayoría de la población civil y el Estado aun no ven o no quieren verlo, pues dejamos en manos del Estado la obligación de reparar a las víctimas, desconociendo que como población civil también podemos contribuir para garantizar los derechos de la población desplazada y brindarles el acompañamiento necesario que muchas veces el Estado no ofrece o no satisface a este grupo poblacional     

En el mundo, Colombia ha sido uno de los países con mayor índice de violencia a lo largo de su historia, empezando el conflicto desde la época de los años 30 a la actualidad. En el año 2017, Colombia, según las cifras de la ACNUR, fue el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo con 7.7 millones de personas, dentro de los que se encontraban grupos de poblacion marginal como los campesinos, indígenas y afrodescendientes. 

Es menester traer a colación lo que se entiende por desplazamiento forzado, este es un fenómeno masivo, de larga duración a manos de grupos armados organizados al margen de la ley los cuales se encuentran vinculados al control de ciertos territorios específicos para la ejecución de actividades ilícitas como el secuestro, narcotráfico, extorsión, entre otros.

Las consecuencias de la guerra no solo la vive la población desplazada, también afecta a la sociedad en general, ya que el desplazamiento masivo hace que en las grandes plazas se incremente la población y la pobreza, por lo cual, al llegar a las ciudades, su posibilidad de conseguir empleo es limitado lo que genera que muchos opten por la delincuencia debido a la falta de oportunidades de trabajo, lo que incrementa la inseguridad en áreas urbanas.

De igual manera,  también afecta la economía del país, porque la población rural cesa su producción generando que los ingresos para las personas que se quedan en el campo, sean precarios y casi escasos. Otro factor que afecta la economía son los cultivos ilícitos por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, ya que utilizan este medio de producción para subsidiar la guerra y origina un desequilibro en la ley de la oferta y la demanda, sin olvidar que de dicha producción empiecen a operar bandas de microtráfico que afectan de igual forma la población citadina.

Mucho se ha dicho de los intentos del Estado colombiano por entablar conversaciones armoniosas con los grupos ilegales para cesar tantos años de guerra, pero lastimosamente han sido infructuosos. La desigualdad y la división social son factores que han sido óbice para el incremento de la violencia y el estancamiento de los procesos de paz que el gobierno ha intentado mantener a flote.

Finalmente, el Estado cuenta con el deber constitucional de velar por la protección integral de las víctimas, pero para lograrlo de manera efectiva es necesario fortalecer y mantener la institucionalidad de las entidades estatales para que los procesos de reparación no perduren en el tiempo, para evitar la insurgencia de conductas que revictimicen a los inocentes, para que toda reparación se funde en la verdad y la transparencia, para que aquellas medidas de reparación no solo se vea representadas en sumas de dinero sino que haya acompañamiento psicológico que les ayude a sobrellevar la situación de marginalidad y desconcierto, y lo más importante, para crear conciencia social y estatal de credibilidad en el acuerdo de paz por el que el país está cruzando y así lograr un escenario de reconciliación social en donde víctimas y victimarios puedan vivir en armonía y logren perdonar y ser perdonados, y con ello se evite la posible reaparición de futuros grupos armados ilegales que nos arrebate nuestro derecho constitucional a la paz.

                                                           Escrito por: LAURA CRISTINA VELANDIA